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Durante la semana pasada, de lunes a viernes, se ha celebrado el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona titulado “Sociedad Vigilada y Protección de Datos”.  He disfrutado muchísimo durante la celebración del mismo, pero como todo, tiene un principio y un final, ahora que ha finalizado y vuelvo a tener algo de tiempo para escribir comentarios en este blog, quiero agradecer, desde aquí, su participación a todos los intervinientes.

La primera de ellas, creo que se la merece mi amigo Bernardo Periñán, por ser él quien me sugirió la idea de que realizase un curso de verano con la UPO. Como no puede ser de otra manera, agradezco enormemente a Eduardo Gamero que fuera co-cordinador del curso, por haber sabido pulir éste como lo ha hecho.

Mención especial merecen sin duda Andrés Rodríguez Benot, Decano de la Facultad de Derecho de la UPO, quien tuvo la amabilidad de inaugurar brillantemente este curso; José Joaquín Gallardo, Decano del Colegio de Abogados de Sevilla, que si bien no pudo clausurarlo, le brindo su apoyo desde el inicio; y Fernando Piruat, Vocal 2º de la Junta de Gobierno del ICAS, quien sustituyo espléndidamente al Decano.

Y por supuesto, a todos los ponentes, empezando por el primero, José Luis Piñar, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y Ex director de la Agencia Española de Protección de Datos; Emilio Guichot, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; Natalia Martos, Directora Jurídica y de Privacidad de Tuenti; José Luis Gómez Boza, Secretario General de la Unión de Consumidores de Andalucía; Eduardo Pascual, Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de la Policía de Andalucía Occidental; reagradezco a Bernardo Periñán, Profesor Titular de Derecho Romano de la Universidad Pablo de Olavide; Federico Casado Reina, Crítico de Cine; Juan Miguel Pulpillo, Jesús Fernández Acebedo y Eduardo González-Santiago, compañeros abogados del ICAS; José Ignacio López González, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide; Vicente Moncholí, Director General de Moncholi-Checa y Asociados; Tomás González, Vicepresidente 2º de APROCOM; José Manuel Cortés, Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Pablo de Olavide; Manuel Fernández Salmerón, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia; reagradezco de nuevo a Eduardo Gamero, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide y coordinador también de este curso; Julián Valero, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia; Bartolomé Borrego, Responsable en Andalucía, Ceuta y Melilla de la División de Nuevas Tecnologías de la Agencia Tributaria; José Luis Goñi, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pública de Navarra; y a Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos.

A todos ellos, y a los alumnos, que son los que han hecho que todos los ponentes hayamos disfrutado tato, muchas gracias.

El pasado jueves, 17 de septiembre de 2009,  fui invitado por la Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía a moderar la mesa redonda “Los delitos en Internet y cómo informar de ellos” dentro del II Congreso Andaluz de Periodismo digital, celebrado en la sede onubense de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida, donde intervinieron D. Juan Salom, jefe de la Unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil; D. Jesús García Calderón, Fiscal Superior de Andalucía y D. Carlos Sánchez Almeida, abogado especialista en delitos tecnológicos.

Transcribo a continuación un resumen de la intervención de Sánchez Almeida, publicada por él en Kriptópolis, por su enorme interés que a mi parecer tiene:

“Las crónicas de Espada fueron las únicas que se desgajaron del magnetismo terrible de las fuentes policiales. Algo especialmente destacable y difícil, pues a la vista de lo sucedido en este caso y en otros muchos hay que subrayar la grave manipulación que sufren los medios de comunicación por parte de la policía y en cierta medida también de la fiscalía. El tráfico mercantil entre los encargados de establecer la culpa penal y los encargados de fabricar la mala reputación es una de las mayores indecencias de las sociedades contemporáneas. Los periodistas acceden a jugar el papel de jueces prematuros en el escenario público a cambio de recibir las noticias en exclusiva que les permiten vender más ejemplares o alcanzar mayores audiencias. Y los fiscales y policías filtran sus sospechas todavía sin pruebas suficientes para desencadenar los mecanismos inquisitoriales de la culpa y de la confesión.”

– Lluis Bassets, subdirector de El País, en una crítica al libro “Raval. Del amor a los niños”, de Arcadi Espada.

Cuando los responsables de la Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía tuvieron la amabilidad de invitarme a estas jornadas, y me informaron que en esta mesa redonda, convocada bajo el lema “Los delitos en Internet y como informar de ellos”, estaría presente un fiscal y un comandante de la Guardia Civil, lo primero que me vino a la cabeza fue la cita de Lluis Bassets reseñada ut supra. Se trata de una cita que he tenido presente desde hace mucho tiempo, y es la razón última por la que decidí, hace ya una década, publicar en bufetalmeida.com diversas sentencias absolutorias dictadas en casos de delito informático…

Lo poco o lo mucho que sé sobre el derecho penal y la naturaleza humana, se lo debo en buena parte a mi primer profesor de derecho penal, un fiscal que con el tiempo acabaría en el Tribunal Supremo. Sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en los primeros años ochenta, eran todo un espectáculo, sobre todo por los comentarios biliosos que dejaba caer sobre los medios de comunicación. Y una de sus frases la recuerdo perfectamente, hasta el punto de haberse convertido en el lema de mi despacho: “Nunca se crean lo que publica la prensa sobre derecho penal: acudan siempre a la jurisprudencia”.

Res iudicata pro veritate habetur: la cosa juzgada se tiene por verdad. En román paladino: lo que diga el Tribunal Supremo es la única verdad revelada. Y contra esa verdad se estrellan todas las mentiras de las notas de prensa policiales, de las notas de prensa periodísticas, de las notas de prensa corporativas, y de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal.

Seguridad y confianza en las transacciones electrónicas: proteger los derechos fundamentales, proteger a los consumidores, proteger a los menores. Es la letanía permanente del poder, en su aspiración inalcanzable de controlar Internet. Y es una letanía falsa: al poder no le importan en absoluto los derechos fundamentales, los consumidores o los menores. Al poder el único derecho que le importa es el derecho de propiedad…

La red Internet, en tanto sociedad del conocimiento, es una sociedad en conflicto permanente. Y el primer motivo de conflicto, el conflicto social fundamental, es el mismo que en el mundo real: la propiedad. Todo el discurso del poder, en su triple esfera política, mediática y económica, se construye sobre esa base. El control de Internet es un mecanismo más para el control de la propiedad. Y no hay mejor sistema para controlar la propiedad que el derecho penal.

La gran estafa piramidal a la que denominamos estado de derecho se construye a golpe de cárcel. La base de la pirámide, la que teóricamente otorga la razón democrática al sistema, es objeto de una permanente estafa por parte de las élites dirigentes, las responsables de construir una infraestructura jurídica a la medida del poder. Lo que garantiza en última instancia la seguridad del sistema es el monopolio de la violencia por parte del Estado, quintaesencia de las estructuras jerarquizadas.

Todo aquello que no encuentra su lugar dentro del rígido esquema del poder tradicional, ha de ser proscrito y estigmatizado. Y nada es más disolvente para el poder jerárquico que un sistema de red entre iguales, sin nodos centrales a los que poder decapitar.

Desde que la sociedad española accedió a Internet, los poderes tradicionales quisieron controlarla. Para controlar cualquier territorio, no hay mejor sistema que denigrarlo como territorio peligroso, tierra de proscritos. A ello se lanzaron con feroz ímpetu los gabinetes de prensa gubernamentales, las “oficinas de relaciones con la prensa” de los cuerpos policiales, y por encima de todos ellos, los propios medios de comunicación. Unos medios de comunicación a los que siempre ha beneficiado la venta de noticias morbosas sobre Internet, pero que además son parte interesada en la guerra por el control de la propiedad intelectual.

¿Cuál es el papel del periodista ante todo esto? No soy quien para dar lecciones de ética periodística, ustedes saben mejor que yo cual es la mejor receta: independencia, objetividad y transparencia. Independencia frente a todo poder, y muy especialmente frente al poder encarnado por quien paga el salario del periodista, reteniendo la plusvalía generada en forma de derechos de autor. Objetividad y transparencia: contrastar las fuentes de información. Limitarse a transcribir comunicados policiales, o las sesgadas notas de prensa de las empresas que instan la acción policial, no es periodismo, sino puro y simple servilismo.

Para copiar y pegar, no hacen falta periodistas. Pero para contrastar las fuentes, para cuestionar las ruedas de prensa policiales, para verificar los acontecimientos in situ, para hacer preguntas incómodas a los titulares del poder, el verdadero periodismo siempre será imprescindible.

Cuando el Estado no responde a las necesidades de la sociedad, surgen estructuras alternativas para disputarle el monopolio de la coerción; y por lo general, son mucho peores que el Estado. De la misma forma, si el periodismo deja de buscar la verdad, y convierte el negocio informativo en simple entretenimiento, medios alternativos de información ocuparán progresivamente el vacío de poder mediático. Y no serán necesariamente mejores que el cuarto poder.

Apéndice: algunos ejemplos de objetividad periodística

Operación Hispahack:

Noticia de la detención:
http://www.elmundo.es/navegante/98/abril/04/hispahack.html

Noticia de la sentencia:
http://www.elmundo.es/navegante/99/junio/04/hispahack.html

Sentencia:
http://www.bufetalmeida.com/58/caso-hispahack-1-absolucion-d…

Operación Yanqui:

Noticia de la detención:
http://ww2.grn.es/merce/1999/interior.html

Noticia del archivo del caso:
http://www.elpais.com/articulo/red/juez/archiva/caso/hacker/…

Auto de archivo:
http://www.bufetalmeida.com/57/hacking-al-ministerio-del-int…

Operación Millenium:

Noticia de la detención:
http://www.elmundo.es/navegante/2000/01/19/detenciones.html

Noticia de la sentencia:
http://www.elmundo.es/navegante/2005/03/01/esociedad/1109674…

Una de las múltiples sentencias absolutorias dictadas en relación con el caso:
http://www.bufetalmeida.com/55/caso-millenium-2-la-titularid…

Operación Quickbasic:

Noticia de la detención:
http://www.delitosinformaticos.com/noticias/99924741466422.s…

Noticia de la sentencia:
http://ww2.grn.es/merce/2005/quickbasic.html

Sentencia:
http://www.bufetalmeida.com/149/absolucion-en-caso-de-presun…

Operación contra la “piratería de consolas”:

Noticia de la detención:
http://www.elotrolado.net/noticia_operacion-contra-la-pirate…

Noticia del archivo del caso:
http://www.elmundo.es/navegante/2008/03/11/juegos/1205235558…

Resolución judicial:
http://www.bufetalmeida.com/237/audiencia-provincial-de-vale…

Operación Descargas en la Red:

Noticia de la detención:
http://www.elmundo.es/navegante/2006/04/08/portada/114448497…

Diversas noticias sobre archivos de la causa:

http://www.elmundo.es/navegante/2008/11/06/tecnologia/122596…

http://www.elmundo.es/navegante/2008/09/18/tecnologia/122174…

Adjunto a continuación la entrevista que me ha realizo Bosco Ferri la semana pasada para el Diario de Sevilla. Muy claro y conciso.

Reproduco a continuación artículo publicado en prensa, de Europa Press, que por su importancia considero de interés general:

“Los consumidores que devuelvan un producto adquirido a distancia, por ejemplo a través de Internet, dentro del plazo previsto en la normativa europea para retractarse de este tipo de compras no tienen que indemnizar al vendedor por el uso de este artículo, según dictaminó hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

La sentencia avisa no obstante de que sí que se puede imponer el pago de una indemnización a los consumidores que hayan utilizado el artículo de manera incompatible con los principios del derecho civil, como la buena fe o el enriquecimiento.

El dictamen se refiere al caso de una ciudadana alemana, que compró a través de Internet un ordenador de segunda mano en diciembre de 2005. Ocho meses después de la compra, la usuaria detectó un defecto en la pantalla del ordenador. Como la empresa se negó a repararlo gratuitamente, la ciudadana en cuestión comunicó que rescindía el contrato de compra-venta y devolvía el ordenador. Se encontraba en plazo de hacerlo porque, de acuerdo con la legislación alemana, este plazo no empieza a correr hasta que el vendedor ha informado del derecho de rescisión y la compañía en cuestión no lo había hecho.

La usuaria reclama a la empresa los 278 euros que le costó el ordenador, mientras que la compañía exige una indemnización compensatoria por los ocho meses de uso del aparato, que asciende a 316,8 euros.

En su sentencia de este jueves, el TUE señala que la imposición de manera general de una indemnización compensatoria por la utilización de un producto adquirido a través de un contrato a distancia es incompatible con los objetivos de la normativa comunitaria de protección de los consumidores.

Si un consumidor debe pagar esta indemnización sólo por el hecho de haber tenido la posibilidad de usar el artículo en cuestión durante el tiempo que lo tuvo en su posesión, sólo podría ejercer su derecho de rescisión si paga esta indemnización. Ello privaría al usuario de la posibilidad de hacer uso libremente y sin presiones del periodo de reflexión que contempla la normativa comunitaria para poder retractarse de una compra a distancia.

Sólo en el caso de que un consumidor haya utilizado el artículo de manera incompatible con los principios del derecho civil, como la buena fe o el enriquecimiento, se podría imponer el pago de una indemnización. En este caso, el TUE dice que corresponde a la justicia alemana determinar si se cumplen estas condiciones.”

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado el pasado 28 de agosto de 2009 el nombramiento de Vicente Pérez Moreda, como vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Pérez Moreda, propuesto para dicho cargo por la Real Academia de Historia, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. También ha impartido clases en las Universidades de California-Berkeley, Cambridge y en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, de París.

El nuevo vocal de la AEPD es miembro fundador de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH), de la que ha sido vicepresidente y presidente. También ha participado en diversos proyectos de investigación, siendo autor de casi un centenar de publicaciones